La Unidad de Estimación Forense de la Edad (UEFE) de Canarias, ubicada en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, espera desde enero un ortopantomógrafo, un aparato radiológico que agilizaría las pruebas óseas para determinar la edad de los migrantes. El dispositivo, ya adquirido por el Gobierno de Canarias, lleva meses sin utilizarse, resguardado en una caja en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.
#RosaBellaCabrera denuncia la falta de operatividad del ortopantomógrafo que se halla en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife.
— Socialistas de Canarias (@GPSCanarias) May 7, 2024
Este aparato es clave en las pruebas de edad a los menores migrantes.#PlenoParCan pic.twitter.com/ssdmHYvUe3
Esta situación ha generado confusión y controversia. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, atribuyó esta situación a los trabajadores del organismo, que, según ella, se habrían negado a que el aparato estuviera en sus instalaciones.
Sin embargo, la médica forense Laura Naveira, en representación de sus compañeros en huelga, desmintió esta versión. Explicó que el ortopantomógrafo fue desviado a Tenerife durante la huelga de los trabajadores, pensando en instalarlo junto a la sala de autopsias. Los empleados denunciaron entonces el riesgo biológico y ético de tener un equipo de estas características en un lugar como ese.
Mientras tanto, las pruebas de edad se están externalizando a centros privados, prolongando el proceso administrativo y burocrático para los jóvenes migrantes tras una travesía traumática. Según un estudio del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, una persona puede llegar a esperar hasta 36 meses para ser valorada. Esta situación se agrava especialmente en momentos de repunte en la llegada de embarcaciones precarias a las Islas.
Desde finales de 2020, cuando Canarias vivió una emergencia humanitaria por el aumento de llegadas de migrantes, cientos de personas han esperado meses por las pruebas de determinación de la edad. Esto ha llevado a que niños convivan con adultos de hasta 40 años en las mismas instalaciones. El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas ha pasado de valorar entre 30 y 100 casos entre 2014 y 2019, a casi 1.000 en 2021 y alrededor de 625 en 2022 y 2023.
Información extraída de: CanariasAhora